Las afectadas por prótesis PIP aun cuentan con la oportunidad legal de solicitar indemnización.
En Diciembre del 2011, salió a la luz pública la problemática que muchas mujeres empezaron a vivir como consecuencia de los múltiples daños que se habían ocasionado a quienes en su momento decidieron por estética o disposición médica la implantación de las prótesis Poly Implant Prothese (PIP).
Una vez se conocieron las posibles consecuencias de tener en el cuerpo las prótesis PIP, fueron muchas las solicitudes de las afectadas para el retiro inmediato, debido a que su salud y su propia vida estaban en riesgo.
Además de ello, en el caso específico de Colombia, se presentaron congregaciones de mujeres requiriendo una respuesta inmediata del Estado por su acción y omisión, pues instituciones que deberían encargarse de la vigilancia y seguimiento de los productos que ingresan a Colombia para ser distribuidos y consumidos por la sociedad no cumplieron a cabalidad sus funciones, otorgaron licencias de distribución de las prótesis PIP permitiendo de manera legal el ingreso al país, sin que se realizara un estudio adecuado y complejo para el otorgamiento de ésa licencia pese a que existía alerta mundial sobre las consecuencias dañinas para la salud de las usuarias.
Hoy luego de un año y un par de meses de que se haya hecho pública la problemática de las prótesis PIP, se han presentado solicitudes, reclamos administrativos, acciones judiciales y muchas mujeres se han constituido en actoras de demandas contra los fabricantes de estas prótesis, inclusive, en requerimientos judiciales internacionales, los cuales se están adelantando ante el Tribunal de Comercio de Toulon en Francia.
Así mismo, Conde Abogados ha adelantado las gestiones necesarias para tramitar las solicitudes de indemnización y determinación de la responsabilidad que tiene el Estado Colombiano con sus entes e instituciones al otorgar y permitir la distribución de éstos productos PIP (Poly Implant Prothese) que no contaban con la calidad adecuada para ser utilizados en el cuerpo humano.
A la fecha Conde Abogados, se encuentra presentando el requisito de procedibilidad (Solicitud de Conciliación) que nos permitirá acceder a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en donde solicitamos que El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- y la Superintendencia Nacional de Salud, reconozcan y paguen la indemnización correspondiente a una de las tantas afectadas y su núcleo familiar como consecuencia de la distribución de las prótesis PIP en Colombia; ésta afectada (L.C.A) ha confiado en la labor de Conde Abogados para que se reconozca la responsabilidad del Estado Colombiano y se otorgue la indemnización correspondiente.
